Sobre lo avanzado, se crea una sobretasa de contribuciones, medida que recaudaría US$ 200 millones al año, lo que podría financiar la agenda social. Con todo, el oficialismo espera que esté operando para la próxima operación renta.

Hace 17 meses, el actual gobierno presentó lo que llamó proyecto de Modernización Tributaria y el pasado miércoles estuvo apunto de ser aprobada, aunque el tema de los impuestos verdes frenó tal posibilidad, por lo que pasará ahora a la comisión mixta para ver si puede ser aprobada en su totalidad, aunque ya no es lo presentado en un inicio por el Ejecutivo.

Lo acordado propone mantener la integración sólo para las Pymes con ventas anuales de hasta 75 mil UF, crear una sobretasa de contribuciones para las propiedades con avalúo fiscal superior a los 400 millones de pesos, así como establecer un nuevo tramo de Impuesto Global Complementario de 40 por ciento para las rentas desde los 15 millones de pesos.

Pero la Cámara de Diputados rechazó uno de los 13 artículos que conforman este proyecto, dando paso así a una nueva instancia de discusión respecto del artículo concerniente al impuesto verde, específicamente, respecto a la facultad que se entrega a un privado que emite material contaminante para hacer una reclamación administrativa a la Superintendencia.

La administración Piñera espera que el comité mixto resuelva la discordancia, con el fin de promulgar la ley la próxima semana, para que el reglamento esté vigente para abril de este año, durante la próxima Operación Renta.

Sobre mantener la integración sólo para las Pymes, el académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San SebastiánCarlos Fuentes, sostuvo que esto significa que las Pymes con ventas anuales hasta 75 mil UF ($2.125 millones aproximadamente), volverán al sistema integrado que estaba vigente antes de la Reforma del año 2014. Es decir, los dueños de las Pymes tributarán por los retiros efectivamente realizados sobre las utilidades de sus empresas con crédito del impuesto de primera categoría que corresponda y deberá crearse un nuevo “FUT” que registre las utilidades no retiradas, explicó.

Y acerca de crear una sobretasa de contribuciones para las propiedades con avalúo fiscal superior a los 400 millones de pesos, Fuentes explicó que las Pymes estarán exentas en todos los casos. Se trata de la aplicación de una sobretasa progresiva respecto del total de los activos inmobiliarios de un contribuyente, cuyo avalúo fiscal total exceda de $400 millones. Para el tramo entre $400 y $700 millones, la tasa será de 0,075%; subirá a 0,15% para el rango entre $700 y $900 millones, y llegará a 0,275% si se reúnen inmuebles por sobre $900 millones.

“Esta medida, se estima recaudaría cerca de US$ 200 millones (según datos oficiales del Ministerio de Hacienda), afectaría a unos 35 mil contribuyentes pertenecientes al 1% de los chilenos de mayores recursos, aportando así al financiamiento de la agenda social. Comenzará a regir inmediatamente después de aprobada la ley, junto con la primera cuota del pago de contribuciones 2020 (en abril).

Para el economista de la UDD, Carlos Smith, este proyecto va en la senda correcta, ya que genera una recaudación de más de US$ 2.200 millones (en régimen) y, de eso, el 60% proviene de las rentas más altas del país. En ese sentido, se crea el tramo de 40% en el Global complementario, se grava con impuesto especial a inmuebles sobre cierto avalúo, etc.

En tanto, el director del Centro de Estudios RegionalesRenato Segura, advirtió que la discusión de la reforma tributaria se da en el fragor de una crisis que le ha quitado legitimidad a los poderes del Estado. “Esta realidad es extremadamente peligrosa, toda vez que la discusión tributaria se realiza con un pie en las convicciones de modelo de sociedad en el cual cada parlamentario cree y con el otro pie en la calle”.

Segura planteó que los efectos que la nueva ley de impuestos imponga sobre los incentivos de los agentes económicos, es una variable sobre la cual existen profundas discrepancias.

“Hoy en día, la variable que mayor daño genera en los incentivos privados en la inversión y la actividad económica, es la incertidumbre. En la medida que no prime un gran acuerdo en la nueva estructura impositiva, el daño a la economía se profundiza”.